Archive for August, 2006

Hacia la Convención Nacional Democrática

August 29, 2006

Ayer, el tribunal federal electoral, constitucionalmente encargado de asegurar la transparencia, equidad y certeza en la elección presidencial, se negó a ordenar el recuento casilla por casilla de todos los votos emitidos el 2 de julio y rechazó — casi por entero — el recurso de incomformidad presentado por la Coalición.

Indiferente a una triste y prolongada historia de fraude electoral y falla institucional en el país, insensible al mal uso evidente del gobierno para apoyar a Calderón, inconmovido ante una diferencia de menos de un punto porcentual, arguyendo en forma estrecha, exhibiendo una mentalidad leguleya mezquina e indigna de un alto tribunal investido de amplios poderes constitucionales, el tribunal decidió restarle 81,080 votos a Calderón — y 76,897 a López Obrador — reduciendo así la diferencia oficial entre los dos principales candidatos de 402,708 (según el IFE) a 398,525 votos, y sin dar cuenta detallada que explique las razones detrás de sus cifras. Sin embargo… sin embargo, ¡el tribunal no halló razón para ordenar un recuento completo de las boletas!

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos estipula que

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Este es el robusto fundamento legal en que se basan Andrés Manuel López Obrador y la Coalición que apoyó su candidatura para convocar una Convención Nacional Democrática por celebrarse el 16 de septiembre venidero en el Zócalo de la Ciudad de México. López Obrador ha calificado la sentencia del tribunal como lo que es, una hoja de parra para tapar las vergüenzas de un golpe de estado y ha llamado al pueblo a desconocer la presidencia de Calderón. López Obrador no está solo. A pesar de la histérica campaña mediática contras las acciones legítimas de resistencia civil realizadas por el movimiento, millones de mexicanos están más convencidos que nunca de que se cometió un fraude monumental para traicionar la voluntad popular expresada en las urnas y no están dispuestos a reconocer a un presidente espurio.

Contra las expectativas de quienes cometieron este fraude, el movimiento democrático no muestra signo ninguno de agotamiento. Por el contrario, se siente una firme determinación colectiva de impulsar la lucha hasta su conclusión última. Es una lucha por la democracia, en donde democracia — más allá de la mera emisión de un voto cada seis años, democracia como participación efectiva en las decisiones que conforman la vida pública — aparece como el vehículo para renovar la vida pública de México, corregir la monstruosa desigualdad social y eliminar la pobreza de la mitad de la población, proteger el patrimonio colectivo y combatir la corrupción y los privilegios.

La profundidad y alcance de los poderes de la Convención van a depender de su legitimidad ante el pueblo. Se trata pues de una batalla por los corazones y conciencias de las mexicanas y los mexicanos. El establecimiento — el gobierno, la coalición conservadora emergente (PAN-PRI), las cúpulas dizque empresariales, los medios masivos, la jerarquía católica, etc.– van a exigir que la sentencia del tribunal electoral y la declaración de Calderón como presidente electo sean tomadas como si se tratara del fin de la historia. Siguiendo el modelo de Carlos Salinas, otro presidente espurio, buscarán proporcionarle a Calderón la codiciada legitimidad que las boletas electorales le negaron mediante golpes espectaculares (“quinazos”), tratando de dividir el movimiento, comprando apoyo internacional e intentando obtener mediante caridad y migajas el consentimiento de la población trabajadora pobre.

Pero el pueblo está en una posición idónea para desactivar toda esta truculencia. El pueblo en movimiento tiene toda la autoridad moral y las condiciones para obtener, no migajas, sino el tipo de instituciones públicas que realmente merece. El resto va a depender de su capacidad para mantener la honestidad propia y la de sus dirigentes, para utilizar la experiencia como oportunidad para aprender de sí mismos y de sus adversarios, para fortalecer su organización y su unidad a cada paso. ¡Unidad, unidad, unidad!

Towards the Democratic National Convention

August 29, 2006

Yesterday, the federal electoral tribunal, charged by the Constitution to ensure transparency, equity, and certainty in the presidential elections, refused the full recount of the votes and rejected — almost entirely — the appeal made by the Coalición.

Oblivious to the nation’s long history of electoral fraud and institutional failure, insensitive to the evident misuse of the government to support Calderón, unmoved by a difference of less than 1 percent between the two main candidates, arguing narrowly, exhibiting a puny legalistic mentality unworthy of a high court vested with ample constitutional powers, the tribunal ruled to subtract 81,080 votes from Calderón’s last IFE count — and 76,897 from López Obrador — thus downgrading the official difference between the two main candidates from 402,708 to 398,525 votes, without any detailed account explaining the rational behind these figures.  Yet… yet… they found no reason to order a full recount!

Article 39 of the Mexican constitution stipulates that

Essentially and ultimately, the sovereignty of the nation lies in the people. All public power emanates from the people and it is instituted for the benefit of the people. The people has at all times the inalienable right to alter or modify the form of its government.

These are the robust legal grounds upon which Andrés Manuel López Obrador and the coalition that supported his candidacy are convoking a National Democrtic Convention to be held on September 16, 2006 at Mexico City’s Zócalo Plaza. López Obrador is calling the people to defy the ruling and regard it as enabling a technical coup d’etat. And he is not alone. In spite of the hysterical media campaign against the actions of civil resistance, millions of Mexicans are convinced that a fraud was committed and will view Calderón as a spurious president.

Betraying the expectations of the perpetrators of the fraud, the democratic movement is not showing any sign of exhaustion. On the contrary, there’s a steady collective determination to take this struggle to its final conclusion. It’s a struggle for democracy, where democracy — beyond casting a ballot once every six years, democracy as effective participation in the decisions that shape public life — is viewed as the vehicle to renovate Mexico’s polity, correct the country’s horrendous social inequality and end poverty, protect the nation’s commons, and fight corruption and privileges. The Convention will decide how to best accomplish these goals under the scenario of a spurious presidency.

The depth and scope of the Convention’s powers will depend on its legitimacy. This is a battle for the hearts and minds of all Mexicans. The establishment — the government, the emerging PAN-PRI conservative coalition, the elite business organizations, the media, the Catholic hierarchy, and the army’s top command — will demand that the ruling by the electoral tribunal, and the eventual declaration of Calderón as president elect, be taken as the end of history. Following the steps of Carlos Salinas, another spurious president, they’ll seek to provide Calderón with the coveted legitimacy the polls denied him by staging spectacular coups (Salinas jailed a corrupt union leader a few days after his inauguration), seeking to exploit differences within the movement, buying international support, and trying to obtain with charity the consent of the working poor.

But the people in the movement are in a position to preempt all this trickery. The people in the movement have the moral high ground. The rest will depend on their ability to keep themselves and their leaders honest, to use the experience as an opportunity to learn from one another and from their adversaries, to strengthen their organization and unity every step of the way. Unity, unity, unity!

Entrevista de López Obrador con Le Monde

August 25, 2006

[Pirateado, con ligeras modificaciones, de El Sendero del Peje:]

Andrés Manuel López Obrador: Me roban la presidencia
Entrevista a Andrés Manuel López Obrador por Jean-Michel Caroit,
Le Monde
24/08/06

¿Cuáles son los elementos que le permitirían establecer que hubo un fraude durante las elecciones del 2 de julio en México?

Desde hace más de tres años hemos sido víctimas de una campaña de todo el aparato de Estado con la participación activa del presidente de la República porque representamos un proyecto alternativo. Nuestros adversarios han querido destruirnos políticamente. Intentaron desacreditarme valiéndose de videos, pero ya se demostró que se trataba de un complot del ex presidente Carlos Salinas y el gobierno actual. Después, intentaron impedir mi participación en las elecciones y ahora me roban la presidencia.

¿Cómo?

En primer lugar el candidato de la derecha no ganó. Hicieron un fraude electoral. Estoy orgulloso de haber ganado a pesar del aparato de Estado, la guerra sucia, la participación de los dirigentes patronales y la reagrupación de la derecha, incluyendo a los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional.

Estamos presenciando en México, una recomposición política con la formación de dos bloques, derecha e izquierda. El PRI, o al menos la dirección del PRI, se alió con el Partido Acción Nacional, para formar lo que llamamos el PRIAN y con la dirigente del sindicato de los maestros, antigua líder del PRI, Elba Esther Gordillo. A pesar de todo, no pudieron ganar. El día de las elecciones, tuvieron que rellenar las urnas, quitarnos votos y falsificar actas. Sólo de esta manera pudieron obtener una supuesta ventaja de 0.58%, es decir, una diferencia de 240 mil votos. Por todo esto, desde un principio pedimos que se limpiara la elección, que hubiera transparecia y que se volvieran a contar las boletas. El tribunal (electoral) aceptó hacerlo de manera parcial, sólo en el nueve por ciento de las casillas, y el resultado de ese nuevo conteo parcial mostró que faltan votos en algunas casillas y que en otras hay demasiados votos de más. En total, ese conteo parcial muestra 120 mil votos que faltan o que están de más.

¿De dónde proviene esta cifra?

De las actas. Hasta el momento, el tribunal no ha dicho nada. Pero para el recuento, en cada distrito, participaron los partidos y un juez. Nuestros adversarios sostienen que los ciudadanos guardaron las boletas en lugar de meterlas en las urnas. Pero se trata de miles de boletas y, que yo sepa, no hay tantos coleccionistas de boletas electorales en México. No puede haber ninguna otra explicación para la existencia de boletas de más: el relleno de las urnas. Si se hace una proyección para la totalidad de las casillas, se trata de casi un millón de boletas que faltan o están de más.

¿Cómo explicar que las misiones de observación internacional validaron las elecciones?

Se trató de una observación formal. Por ejemplo, los observadores de la Union Europea pasaron por el tercer distrito del estado de Querétaro. Después, en una urna se constató que el candidato del PAN tenía 240 votos de más. Tengo un video que lo prueba.

Por otro lado, frecuentemente los observadores pertenecen a partidos políticos. Por ejemplo, sé que el jefe de la misión de la Unión Europea es miembro del Partido Popular (español), el partido hermano del PAN.

Usted ha criticado al Instituto Federal Electoral (IFE), reconocido internacionalmente, tanto, que ayudó en la organización de las elecciones en Irak o en Angola.

Todo eso es una farsa que muestra que vivimos en un simulacro de república. No estamos dispuestos a tolerar la eterna comedia de mentiras e hipocresía. La realidad es que no hay democracia. Quieren imponer una democracia simulada, a la medida de los poderosos de México, de una élite de privilegiados que domina al país. El candidato de la derecha es el títere de esos grupos que secuestraron a las instituciones. En México las instituciones están en decadencia, ya no cumplen con su mandato constitucional y evidentemente no responden al interés general.

¿Por qué no denunció en el extranjero el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática no estaba representado en el seno del Consejo del IFE?

Ahí empezó todo. Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, cuando fue diputado del PAN, constituyeron el consejo del IFE. No pensábamos que llegaran a esos extremos. Pensábamos que a pesar de todo íbamos a ganar, que la guerra sucia y los manejos turbios iban a finalizar el 2 de julio y que el día de las elecciones iban a respetar el voto de la población.

¿No se esperaba un fraude el día de las elecciones?

No, no me lo imaginé. Sabía que los dados estaban cargados. El día de las elecciones, cometieron una serie de irregularidades evidentes. Pero incluso en esas condiciones, ganamos. Esperamos la decisión del tribunal y si éste llegara a validar el fraude electoral, no reconoceremos a un presidente sin legitimidad.

¿Cómo explicar que su coalición no tenía delegados en casi 30% de las casillas?

Algunos no pudieron llegar, otros no cumplieron con su compromiso o los intimidaron. Pero en un país democrático, eso no debería ser necesario. Por cierto, ni el PAN ni el PRI cubrieron todas las casillas. Elba Esther Gordillo sí lo hizo y ella controlaba a un gran número de funcionarios electorales.

¿Qué papel desempeñó Elba Esther Gordillo?

Un papel importante. Hay una serie de factores: los gobernadores del PRI, del PAN, Elba Esther, el uso del dinero de los programas sociales del gobierno federal. Pero la verdadera delincuencia electoral, lo que llamamos mapaches en México, fue operada por los gobernadores y Elba Esther.

Sus adversarios dicen que usted es el gran responsable de su derrota, por ejemplo al rehusar participar en el primer debate y al dar muestras de triunfalismo.

Los errores se cometieron, pero no es eso lo fundamental. Nosotros ganamos pero es difícil prevalecer ante una mafia, un grupo de poder que se comporta sin ningún escrúpulo moral. En política se cometen errores todos los días. Pero aquí ellos han tomado la decisión de impedirme por todos los medios ser elegido. Fox y los otros me han condenado porque no quieren que las cosas cambien verdaderamente en este país.

¿Qué sucederá si el tribunal electoral proclama la victoria de Felipe Calderón?

Nosotros hemos convocado ya a una Convención Nacional Democrática para el 16 de septiembre. Hay un artículo de la Constitución que viene de la legislación francesa y que estipula que el poder emana del pueblo. Este artículo 39 añade que el pueblo tiene, en todo momento, el poder inalienable de cambiar la forma de su gobierno. Y es en virtud de este artículo que nosotros hemos convocado la Convención Nacional Democrática que tomará decisiones que pueden ir en diferentes direcciones. Pero una cosa está clara: nosotros no vamos a reconocer al gobierno.

¿Se trata de una especie de asamblea constituyente?

Sí. Ella podrá decidir nombrar un presidente legítimo, un jefe de gobierno o una coordinación de resistencia civil. Esto dependerá de lo que decidan los delegados, ellos son los que decidirán la dirección del movimiento. Se trata de pasar de la república simulada a la restauración de la república.

¿Podrá la Convención proclamar presidente a AMLO?

Son los delegados los que decidirán.

¿Podrá México tener dos presidentes el 17 de septiembre?

Es una posibilidad que dependerá del voto de la Convención.

¿Quién participará en esta Convención?

Los delegados provenientes de todos los rincones de México. Esperamos más de un millón de delegados, elegidos por asambleas en todo México.

¿Por qué sólo objeta usted los resultados de la elección presidencial y no los de la elección legislativa?

No compramos votos, no falsificamos actas, no rellenamos urnas. Nuestros diputados y senadores han sido elegidos de manera legítima. El fraude se ha concentrado en la elección presidencial.

Los legisladores electos del PRD, ¿tomarán posesión?

Los diputados y senadores decidirán.

¿Cómo se articulará la acción de los electos y la que pudiera decidir la Convención?

Se trata de dos cosas distintas. La Convención y lo que de ella puede surgir es independiente de los partidos de la colición y de la actitud de los diputados, senadores y gobiernos locales del PRD. El gobierno es diferente de los partidos, el ejecutivo del legislativo y los gobiernos locales del gobierno federal.

Los emisarios de Felipe Calderón se esfuerzan por entablar negociaciones con los legisladores electos del PRD.

Están acostumbrados a esta clase de prácticas. Aquí siempre se ha practicado la cooptación. Pero las circunstancias son distintas. No somos políticos tradicionales. No vamos anegociar nuestros principios por empleos públicos o por prebendas. No habrá acuerdo porque negociar con un gobierno sin legitimidad será legalizar la simulación democrática y este país no cambiaría jamás. La democracia no es solamente un sistema de gobierno o un sistema político.

En un país como el nuestro con tales desigualdades económicas y sociales, la democracia es un asunto de sobrevivencia, es la única manera para los pobres de tener un gobierno que se ocupe de ellos. Si se anula la vía democrática y legalizamos la democracia simulada, anularíamos el futuro de millones de mexicanos. Se trata de un problema de fondo. El problema no es que yo llegue o no a la presidencia. No soy un ambicioso vulgar, se trata de un problema de principios, de ideal y de convicción. Lo importante para nosotros es salvar la democracia.

¿Por qué la tentativa de mediación de Robert Pastor (del Centro Carter) fracasó?

Yo no hablé con él. Me dijeron que él tenía una propuesta de mediación. Yo dije que nuestra demanda principal era que se contaran las boletas. Lo expresé en una carta que envié al candidato del PAN. Le dije: acepte el recuento y nosotros nos comprometemos a aceptar el resultado y a detener la movilización. Pero no aceptaron y esta es la prueba más clara de que no ganaron, porque el que nada debe, nada teme. Nosotros aceptamos un recuento en la reciente elección en Chiapas. En Costa Rica, cuando se pidió un recuento a Arias, él aceptó. El recuento confirmó su victoria y todo mundo quedó tranquilo.

¿Teme la represión del movimiento de protesta?

Somos un movimiento pacífico y continuaremos siéndolo, pero el autoritarismo está presente. No vamos a caer en la provocación y no daremos pretexto a la provocación. Estamosfrente una derecha muy reaccionaria y, aunque parezca duro decirlo, fascista, para llamar a las cosas por su nombre. Pero hay una serie de factores en el país, una correlación de fuerzas, que no permite usar la represión tan fácilmente.

El ejército, ¿participará en la represión?

No lo creo. Son los dirigentes de la derecha, Fox, Calderón, los responsables patronales, los que dan muestras de autoritarismo. El ejército tiene una actitud distinta porque no está dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidades, sobre todo después de las consecuencias de su utilización contra el movimiento estudiantil (en 1968). No está dispuesto a ser utilizado para reprimir al pueblo, para paliar la incapacidad política o para encubrir la corrupción de los gobiernos civiles.

La ocupación del Zócalo y de la avenida Reforma por campamentos de protesta tiene un costo político. ¿Hasta cuándo va a durar esto?

Sí, hay un desgaste. Es el precio que debemos pagar. No se puede detener un brutal ataque de la derecha, una ofensiva autoritaria sin mostrar firmeza. Si no fuéramos firmes, nos hubieran barrido. La gente quiere seguir luchando por la transformación del país. No van a regresar a sus casas. Pueden estar cansados, el movimiento puede entrar en una etapa de desgaste, pero hay millones de mexicanos que están dispuestos a que las cosas realmente cambien. La política no es una ciencia exacta. Está hecha de aproximaciones. No se sabe lo que va a pasar. Lo importante es mantener principios claros.

Antes de las elecciones algunos lo comparaban a Lula o a Kirchner, otros a Chávez. Gracias a la crisis poselectoral su imagen se ha radicalizado y sus adversarios lo presentan como un caudillo sediento de poder y que cuestiona las instituciones democráticas.

Es la visión de nuestros adversarios y de los medios decomunicación que han actuado como cómplices de este régimen antidemocrático. Los medios nacionales y los extranjeros. Por ejemplo el Washington Post publicó un editorial donde se dice que no hubo fraude. Les respondí que el asunto del Watergate era un juego de niños comparado con la conspiración y el fraude de que somos víctimas en México. Yo me explico la actitud de la prensa española por la presencia muy fuerte en México de grupos económicos españoles. Poseen bancos, casas editoriales, tienen intereses en el petróleo. No les reprocho nada, cada quien defiende sus intereses. Se ha vendido la idea de que México se volvió un país democrático después de la elección de Fox en 2000. Es por eso que ahora se puede vender la idea de que soy un ambicioso, un caprichoso dispuesto a poner en peligro la democracia para satisfacer su ambición.

¿La fatiga del movimiento y las eventuales negociaciones implican que los legisladores electos del PRD pueden minar su liderazgo?

Todo eso puede suceder. Pero yo creo que es fundamental terminar con la simulación y luchar por las transformaciones de fondo en este país. Es necesario salvar la democracia, combatir la pobreza, no permitir más que se dilapiden las riquezas nacionales y garantizar el derecho a la información. Los grandes medios de comunicación se han cerrado completamente después de la elección y participan en una campaña contra nosotros para convalidar el fraude. No se escucha la palabra fraude en los medios de este país, salvo raras excepciones.

López Obrador’s interview with Le Monde

August 25, 2006

Andres Manuel Lopez Obrador: “On me vole la présidence”
LE MONDE
24.08.06
09h22

Quels sont les éléments permettant d’établir qu’il y a eu fraude lors des élections du 2 juillet au Mexique ?

Depuis plus de trois ans nous avons été victimes d’une campagne de tout l’appareil d’Etat avec la participation active du président de la République car nous représentons un projet alternatif. Nos adversaires ont voulu nous détruire politiquement. Ils ont tenté de me discréditer à l’aide de vidéos, mais il a été démontré qu’il s’agissait d’un complot de l’ancien président Carlos Salinas et du gouvernement actuel. Ensuite on a essayé de m’empêcher de participer à l’élection et maintenant on me vole la présidence.

Full: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-805857@51-805669,0.html

Underground rivers

August 17, 2006

There are many topics I should be writing about.  Some of them are urgent, like the ominous threats of brutality the political establishment is sending to the Mexican people.  (By “political establishment” I basically mean the federal government, the PRI/PAN and other de-facto powers: elite conservative business organizations, the mass media, the top command of the army, and the conservative hierarchy of the Catholic church.)

The signs are out there.  The media’s deafening choir against the sit-in on the Paseo de la Reforma — which includes the voices of a group of sophisticated, supposedly liberal intellectuals and pundits — creates an enabling atmosphere.  Then Fox’s recent decision to forcefully remove the demonstrators from the area surrounding San Lázaro (the Legislative Palace) tests the waters.  He has extended the measure and, using elements of the armed forces and the PFP (which exhibited their brutality on May 4 in San Salvador Atenco, Mex.), has ordered the preemptive takeover of the entire area in anticipation of civil resistance actions during his September 1’s state-of-the-union address.  To top it off, some hardliners claiming to represent the armed forces (see, for instance, Javier Ibarrola’s columns in Milenio, which can be read here) are making menacing noises.

I don’t know whether there is already a consensus in the heights.  There must be influential elements in the political establishment doubting whether the violent imposition of their candidate is worth the high cost (see Jorge Castañeda’s last column in Reforma, where he feigns to search for a middle-ground solution to the political crisis).  But it’s hard to say how decisive these conflicting voices might be.  The least one can say is that some influential elements in the establishment are openly advocating for a violent response to the challenge posed by the democratic movement.   They seem bent in setting the tracks for a bloody train wreck. 

One of the trains is a civic, peaceful, non-violent, yet massive, determined, creative, and increasingly organized movement for democracy.  And what is the utopian, maximalist demand that has stiffened the PAN’s government to the point of contemplating what the Romans called the “ultima ratio”?  A full recount of the ballots based on grounded doubts about the official outcome of the presidential election. 

The other train is the establishment.  The question is, is it willing to impose a spurious president at the cost of brutalizing the people and taking away the last shreds of legitimacy that vest the country’s political institutions?  I have argued before that if the establishment doesn’t respect its own rules, it is left with no binding argument to expect that regular people abide by them.  When a bridge collapses on one side, it collapses altogether.

That is a most urgent issue. 

Other issues, while not urgent, are key to understanding the overall background and prospects of the struggle for democracy and — more generally — to improve the living and working conditions of Mexico’s working poor.  Of course, just like the main impulse of the movement for democracy springs from basic economic needs, the main objections to the movement are rationalizations of the interests of those who benefit from privilege and public patronage.  However, that is not to deny cogency to the ideas that are being used to undermine the movement and berate its economic agenda. 

In Mexico, a large number of influential pundits and academics believe that modern economic theory supports the notion that redistributive fiscal policies and, more generally, anything in the way of strict private ownership and decentralized markets necessarily preclude economic efficiency.  And in their argument, the principle of economic efficiency is always paramount — over and above considerations of, say, social equity.  But nothing could be further from the truth.  They also seem to be unaware of the conclusions growth economists, both theorists and empirical researchers, have drawn lately from the analysis of large data panels of internationally comparable data on inequality and economic performance.

Unfortunately, I must postpone this discussion for the time being.  To compensate those who devotedly visit my blog, I will post next an excellent article by Colegio de México’s eminent historian Lorenzo Meyer.  In Spanish.  Non-Spanish readers are encouraged to use Google Language Tools or Altavista’s Babelfish.  Enjoy!

 

*  *  *

 

Los ríos subterráneos

Lorenzo Meyer

La batalla electoral pone a las capas populares a organizarse políticamente para influir en la agenda nacional. Si el movimiento de López Obrador no se descarrila, podría ser un peligro para la derecha

Un momento raro

No son frecuentes los tiempos en que las clases subordinadas, o al menos una parte significativa de ellas, se muestren capaces de intentar una actividad política de largo plazo por su cuenta y riesgo.  Posiblemente lo más significativo de la elección del pasado 2 de julio en México termine por ser -y ésta es una mera conjetura, una hipótesis de trabajo- no el resultado mismo de la votación, ni lo que haga o deje de hacer al respecto el aparato institucional relacionado con ese tema, sino que el proceso se haya convertido, sin que nadie realmente lo previera, en el detonador de un movimiento social y político de naturaleza popular y masiva, que lo mismo puede resultar efímero que consolidarse y cambiar la naturaleza misma de la política mexicana en los años por venir.

Y es que ese movimiento, si finalmente se sostiene, puede empujar hacia la superficie a un viejo río de energía colectiva -hoy mezcla complicada de muy añejos resentimientos y reclamos de clase, de una recién adquirida conciencia del potencial político de los siempre marginados más la vaga esperanza de un futuro mejor- que normalmente no se manifiesta pues corre por un cauce subterráneo, por concavidades producto de siglos de cultura de la subordinación, la explotación, la discriminación y la represión. La última vez que ese río emergió a la superficie política de México fue durante el cardenismo. En cualquier caso, su correr por el exterior dejó huella clara pero breve, pues el liderazgo autoritario del PRI lo volvió a su antiguo cauce en el subsuelo social y cultural mexicano. En 1994, en Chiapas, el neozapatismo intentó sacar a la luz del día ese río subterráneo pero finalmente no fue el caso. Inesperadamente, las elecciones del 2006 -la crisis postelectoral- parecieran tener el potencial de volver a la superficie lo que por muchos años ha estado escondido.

En cualquier sociedad, la acción política normal pareciera ser, y generalmente lo es, un asunto que sólo concierne a las élites. Las más de las veces, las mayorías parecieran ser -y de hecho son- meros objetos de fuerzas cuya naturaleza real esas mayorías ignoran. Incluso cuando la ciudadanía acude a las urnas, su capacidad para actuar en función de sus propios intereses es limitada pues las condiciones en que vota son moldeadas por las acciones e intereses de las minorías. Lo que está ocurriendo hoy en México no puede caracterizarse como “política normal”. Un sector de las capas populares que, sin ser mayoría, es muy numeroso, se ha politizado muy rápidamente, se resiste a volver a las márgenes del sistema de poder y está desafiando, pacífica pero consistentemente, un orden que todos los indicadores disponibles de distribución del ingreso, de desarrollo humano y el propio sentido común, muestran que redunda en un beneficio exagerado e ilegítimo de los pocos en detrimento de los muchos.

El momento del quiebre

Es posible que la energía política de las otrora llamadas “clases peligrosas” y hoy “populares”, no hubiera emergido a la superficie si la campaña electoral se hubiera conducido de una forma menos dura y parcial. Claro que sin esa parcialidad, es posible que el 2 de julio la derecha ni siquiera hubiera tenido la pequeña ventaja de medio por ciento que finalmente alega haber tenido.

La campaña electoral real duró años y nunca se llevó a cabo en condiciones de equidad. Se desarrolló en un terreno donde el Presidente y otros actores impidieron el “juego limpio”. Para empezar, en el 2003, las dos fuerzas dominantes en el Congreso federal -el PRI y el PAN- decidieron dar forma a una directiva del Instituto Federal Electoral (IFE) “a modo”. En efecto, de los nueve consejeros encargados de dirigir a la institución, cuatro lo fueron a propuesta del PAN y cinco del PRI, incluido el consejero presidente. Poco importó a los diseñadores de ese consejo -entre ellos y notablemente, Elba Esther Gordillo- la marginación del PRD de ese proceso, tampoco importó que la experiencia en materia electoral de algunos consejeros fuera nula, que su cercanía con las cúpulas de los partidos que les propusieron fuera mucha e, incluso, que uno de ellos simplemente no tuviera el grado universitario exigido por la ley.

Pero más que la naturaleza de la directiva de la institución electoral, fue la naturaleza de la acción de la Presidencia de la República, la que hizo del terreno electoral del 2006 un campo impropio para una lucha cívica donde pudiera prevalecer el espíritu de tolerancia, de respeto por el otro y de negociación. El primer paso fue echar a andar, desde “Los Pinos”, el insensato proyecto de hacer de la esposa del Presidente la candidata presidencial “natural”. La idea de una Eva Perón mexicana requería eliminar al único rival desde entonces muy peligroso: el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Fue así que la Presidencia puso en marcha, con el apoyo de los dos mismos partidos que habían dado forma a un IFE bajo sospecha, un plan que debía concluir en la neutralización de la candidatura de AMLO vía su desafuero por, supuestamente, no haber cumplido con la orden de un juez para detener a tiempo la apertura de una calle en la capital. La resistencia popular a este empeño por decidir la elección antes de llegar a las urnas fue el anticipo del actual movimiento social.

El broche de oro

En una reunión académica posterior al 2 de julio, un panista explicó que su partido había decidido usar la campaña electoral para subrayar sus diferencias con la izquierda. Ahora bien, según él, una vez terminada la campaña -y asegurado la victoria- todo debía dar un giro de 180 grados, dejar de lado las diferencias y buscar puntos de acuerdo y retornar a la normalidad. En la realidad, la estrategia panista de “subrayar diferencias” significó elaborar una campaña de medios para crear una atmósfera de miedo y descalificar a la izquierda sustentando un diagnóstico falso pero eficaz: AMLO era, ni más ni menos, que el equivalente mexicano de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, para concluir que por eso era un “peligro para México”. Esa decisión del PAN cercenó, implícitamente, a casi 15 millones de mexicanos del “proyecto nacional panista”.

El evidente esfuerzo de la derecha, llevado a cabo desde dentro y fuera del gobierno, por cerrar la posibilidad de una alternancia derecha-izquierda que por un buen tiempo prefiguraron las encuestas, ha terminado por llevar a esa izquierda a recelar del camino electoral y a empujarla a organizarse ya no en función de las urnas, sino de una confrontación abierta, sistemática, permanente, con la derecha. Así, la supuesta conclusión de un “proceso electoral ejemplar” ha desembocado en una izquierda con base social pero recelosa del entramado institucional y que prefiere apostar por la movilización social como el mejor camino para hacer realidad el programa delineado por AMLO el domingo 13 de agosto: combate a la pobreza, a la “monstruosa” desigualdad, a la corrupción, a la forma en que se ha usado a los medios y las instituciones y, finalmente, impedir la privatización de los recursos nacionales (petróleo y electricidad).

El futuro

En nuestra recién nacida democracia política, se suponía que las masas sólo intervendrían en política cuando el calendario electoral lo autorizara. En contraste, la derecha, podía seguir haciéndolo de manera cotidiana vía el control del gobierno, el manejo del mensaje que dan los grandes medios de información, la acción de los cabilderos profesionales, de las cámaras empresariales, etcétera.  Si el proyecto encabezado por AMLO no se descarrila, la energía de las “clases perdedoras” que la frustración electoral ha impulsado hacia la organización y la acción política, podría dejar de ser el río subterráneo que hasta hoy ha sido y empezar a influir cuando y donde se considere apropiado, en la conformación de la agenda nacional, sin estar ya restringida sólo al tiempo de las urnas. Este movimiento, si bien no es un “peligro para México”, sí podría serlo para el México de la derecha.

En fin, posiblemente el PAN supuso que el tiempo de los “contrastes” duros abarcaría sólo el tiempo de la campañas. Sin embargo, la izquierda está aprendiendo de sus adversarios y ha diseñando su propia política de “contraste” duro, con la diferencia de que esta vez se trataría de un contraste permanente. En fin, la izquierda puede llegar a tener masas entusiasmadas con la idea de llevar la democracia del plano meramente electoral -la “República simulada”- al social, situación que no se había dado desde ese lejano tiempo en que nació el PAN, justo como reacción a la política de masas del cardenismo.

López Obrador’s op-ed article in the NYT

August 11, 2006

Link to the op-ed article by Andrés Manuel López Obrador, “Recounting Our Way to Democracy,” published today in the New York Times:

http://www.nytimes.com/2006/08/11/opinion/11lopezobrador.html

¿Democracia o fetichismo institucional?

August 10, 2006

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El diario Reforma cuenta entre sus columnistas a algunos de los críticos más listos del movimiento por la democracia encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda, Enrique Krauze, Sergio Sarmiento y — en cierta medida — a Andrés Oppenheimer (también del Miami Herald). Cada uno de ellos tiene su enfoque particular, pero comparten todos algunos rasgos comunes que vale discutir aquí.

Con frecuencia, estos críticos se asignan la tarea de regañar al movimiento, como si estuvieran profunda y personalmente preocupados por la suerte de la izquierda en Mexico. Como si la razón de ser de la izquierda — a saber, la unidad, organización, autoeducación y progreso de la población de trabajadora de México — estuviera siendo traicionada por el radicalismo de López Obrador y como si su misión de columnistas fuera mostrarle a AMLO y a todos los miembros de la izquierda la forma correcta de conducirse. Con frecuencia lamentan la ausencia de una “izquierda moderna”, más inteligente y razonable.

Yo creo que alguien debería sacarlos (a ellos y a sus lectores crédulos) de tal pretensión. A juzgar por su trayectoria personal, profesional y — por lo menos en un caso — política, no hay nada en ellos que revele un interés actual genuino en la unidad, organización, ilustración y progreso de la población trabajadora de México. ¡Absolutamente nada! Más bien se podría demostrar lo contrario. Por ello, sus vidas contrastan fuertemente con la de López Obrador. Con fallas y todo, AMLO ha puesto su vida adulta al servicio de los trabajadores pobres de México. Desde muy jóven ha sido un activista y organizador. Y una vez en el poder, como cabeza de gobierno en el Distrito Federal, ha logrado convencer a un gran número de trabajadores pobres (entre otras muchas personas), con hechos, que está de su lado. Por eso, ciertamente estos críticos no son ni tienen nada que ver con López Obrador.

Estos críticos cuestionan las credenciales democráticas de López Obrador, porque — en lugar de atenerse sumisamente a las reglas del juego político en México — se ha rehusado a darles el beneficio de la duda. Sobre todo, ha sido muy escéptico de las instituciones políticas clave, las que regulan la transferencia del poder público. Su consigna, como la Santo Tomás, ha sido: “Hasta no ver, no creer”. Esto, los críticos creen, demuestra la duplicidad política de López Obrador, su visión “instrumentalista” de las instituciones políticas (y de la gente, a quienes toma como “tontos útiles”), que han de ser tomadas en serio sólo cuando así conviene a su interés personal y descartadas de otro modo (véase la columna de Castañeda en el Reforma de hoy).

Pero, seámos claros aquí: ¿Quién en México no tiene una visión instrumentalista de las instituciones políticas? ¿Quién cree que las instituciones políticas son fines en sí mismos? ¿Los ricos? ¿Las organizaciones dizque empresariales? ¿Los partidos políticos? ¿Los medios? ¿Los columnistas de Reforma? ¿La jerarquía católica? ¿Me puedo dejar de reír ya? La verdad es que las instituciones políticas — de hecho, todas las organizaciones sociales — son instrumentos para la gente que las constituye. La gente, gente real con intereses y necesidades reales y no siempre mutuamente compatibles, utiliza sus instituciones políticas, sus organizaciones sociales, etc. para negociar sus intereses, para conseguir sus objetivos — individuales y colectivos.

Las instituciones políticas y las organizaciones sociales van y vienen. Las necesidades fundamentales y los intereses económicos de la gente tienen mayor permanencia. Es claro que la gente razonable prefiere organizaciones sociales capaces de capotear y resolver conflictos. Su disolución, la desobediencia a sus reglas o su derrocamiento forzoso tienen un alto costo, por eso esas medidas se ven siempre como un recurso de última instancia. Con todo, no es infrecuente que las instituciones políticas y sociales fracasen miserablemente, y que la gente las tenga que tolerar a regañadientes, reformarlas o construir otras nuevas. Esto ocurre en México y todos lados.

Si nos limitamos a una definición estrecha de la democracia (digamos, definida por el voto legalmente libre), México tiene una larga historia de fracaso político. Ahora bien, si sólo miramos la superficia política y le creemos a estos columnistas (o al propio New York Times), México ha experimentado un firme progreso democrático en los últimos 8 ó 10 años. Después de todo, el aparentemente eterno PRI fue desalojado del poder ejecutivo federal y reemplazado por el PAN, pacíficamente. En efecto, eso ocurrió.

Sin embargo, si vemos el tejido social y económico subyacente y adoptamos una retrospectiva de — digamos — 20 a 23 años, lo que observamos es el estancamiento, si no es que el deterioro continuo de las condiciones de vida y de trabajo de una parte muy grande de la población mexicana. Hay toda suerte de síntomas perturbadores: desempleo, empleo informal, emigración, familias rotas, crimen duro y en todas sus manifestaciones, uso y abuso de las drogas, narcotráfico, guerras entre mafias, desamparo infantil, desmoralización, crisis de la salud, decadencia urbana y ambiental, una insurgencia guerrillera y una larga serie de conflictos laborales y políticos locales y regionales.

Las estadísticas recientes de pobreza nos permiten avizorar las dimensiones de un aspecto trágico del desastre social: ¡50 millones de mexicanos viven en la pobreza (en un país en que unos pocos tienen riquezas fabulosas que compiten con las de los ricos del mundo rico)! Y aquí yo pregunto: ¿A cuántos de los columnistas de Reforma les gustaría vivir con, digamos, 25 o 30 dólares al día, es decir, cinco veces el ingreso de la línea de la pobreza en México? La verdad es que la pobreza real aflige a mucha gente que no es oficialmente pobre, pero que de todos modos carece de oportunidades básicas. ¿Y qué uso han tenido y tienen para todas estas personas las instituciones políticas de México? Y, en este mismo contexto, ¿qué confianza o seguridad creen los críticos que esta mayoría de los mexicanos siente hacia las instituciones “democráticas” del país?

Les voy a dar una pista: La mayoría abrumadora de los mexicanos tiene razones muy fuertes, razones personales incluso, para sentirse total y completamente ajena, distante y enojada con las instituciones políticas del país. ¿Por qué? Porque estas instituciones políticas les han fallado. No sólo no han detenido, sino que en algunos casos han acelerado la horrenda caída de las condiciones en que viven y se ganan la vida. Por consiguiente, por lo menos para esta mayoría, el carácter “democrático” de estas instituciones no se puede presuponer, tiene que ser demostrado. (Recuérdese que democracia viene del griego “demokratia”, en donde “demos” significa el pueblo común y “kratos” gobierno; la democracia es el gobierno de, para y por el pueblo común.)

Ellos desconfían de las instituciones “democráticas” por razones comprensibles. Por ello, la única forma en que toda esta gente va a comenzar a incorporarse a la vida política institucional de México es, no pidiéndole que crean a priori en el IFE y en el TRIFE, al margen del resultado. Ellos no van a creer en estas instituciones a priori. Ellos necesitan primero ver resultados tangibles. Necesitan evidencia palpable de que su voluntad colectiva va a ser respetada y que pueden hacer avanzar sus intereses negociándolos a través de dichas instituciones políticas. De otro modo, ¿para qué tomarse la molestia?

Los críticos del movimiento democrático colocan la carreta muy adelante del caballo sólo para quejarse de que la carreta no consigue jalar al caballo. Si más de la mitad de la población mexicana está económicamente excluida e históricamente marginada de las instituciones políticas, ¿hay algún misterio en el hecho de que un líder que parece seriamente comprometido en promover los intereses de los trabajadores pobres se muestre escéptico hacia la honestidad, aseo y equidad de las instituciones políticas? ¿No es claro que si López Obrador mostrara una brisna de confianza ciega en estas instituciones políticas los trabajadores pobres le darían la espalda y lo tacharían de tonto? Y con buena razón.

Lo más extraordinario (algo que los críticos tienden a ignorar) es que López Obrador haya realizado mucho del trabajo pesado para ayudar a los trabajadores pobres de México a insertarse en el proceso político institucional. Sí, ha sido con una gran dosis de duda y escepticismo, pero enteramente justificada. El hecho es que ha logrado persuadir a un número significativo de trabajadores pobres (y, repito, no sólo a ellos, aunque son ellos sin duda su base principal de apoyo) de buscar un mejoramiento en su condición socioeconómica por la vía cívica, pacífica.

Los ha persuadido de que, aunque los dados del juego político están cargados por la desigualdad social existente, vale la pena intentarlo. Y ha delineado un plan económico que, mezclando la austeridad fiscal con inversiones públicas y sociales debidamente dirigidas, podría razonablemente conducir (así lo creemos algunos) a un mejoramiento gradual en la condición social de esta gente, difícilmente a expensas de la clase rica tomada en su conjunto, aunque ciertamente destetando a unos cuentos parásitos del fisco. Sin embargo, la guerra sucia — desde el desafuero hasta los fiascos recientes del IFE y el TRIFE, pasando por la campaña en los medios acusándolo de ser un “peligro para México” — han empujado las cosas en la dirección opuesta.

No hay vuelta de hoja: Se requieren cambios económicos y sociales fundamentales antes de que México pueda gozar de instituciones políticas estables. Para que la población trabajadora pobre se sienta incluida en el proceso político y comience a confiar en las instituciones políticas del país, necesita ganar primero. Sí, así es, ganar primero. Y ganar, no sólo en el sentido de poner en la presidencia o en el congreso a políticos que simpaticen con su causa, sino en el sentido de tener un gobierno en cuya conducción ellos participen efectivamente y cuyas políticas se traduzcan en avances concretos en sus intereses.

A largo plazo — e incluso a corto plazo — es improbable que un líder social más obsecuente con las trampas de la política institucional sea mejor para la viabilidad política de México. Los comentaristas en la prensa se reclinan en la creencia cómoda de que López Obrador, o algún grupo de viejos izquierdistas resentidos e incapaces de digerir las lecciones de la historia mundial, son los que determinan las opciones tácticas supuestamente radicales del movimiento por la democracia. Repito, la desconfianza y la enajenación son la condición política natural de los trabajadores pobres de México, y — a pesar de las campañas desatadas en su contra — un número grande de ellos han depositado sus esperanzas en la candidatura de López Obrador. Y la disposición natural de esta gente es a rechazar el sistema político que se rehusa a hacerles justicia. Y por buenas razones. Lo menos que pueden esperar de un movimiento político es coraje para defenderse del abuso y del engaño.

El origen del candado histórico que traba al sistema político mexicano no es el radicalismo (real o imaginado) o la astucia política de López Obrador. Es la pavorosa desigualdad social del país. Con la sentencia del TRIFE de conceder unas gotitas de transparencia democrática al amparo de tecnicismos leguleyos, los poderes establecidos están a punto de desperdiciar la oportunidad para que el sistema político comience a destrabarse, incorpore a los trabajadores pobres en el proceso político y gane viabilidad a largo plazo. Aunque la oportunidad está por cerrarse, todavía queda tiempo. Pero nada que no sea el recuento total de los votos del 2 de julio va a funcionar.

En este momento, si López Obrador quiere mantenerse como un paladín creíble de los trabajadores pobres y de las clases medias ilustradas, va a tener que seguir demostrando la misma disposición férrea que le ha merecido ya la cólera de sus adversarios. Como él mismo lo sugirió en uno de sus discursos recientes, no hay nada gratuito en la selección de medidas tácticas. Cualesquiera sean los métodos políticos utilizados por el movimiento, estos van a tener un costo y van a ser satanizados por los adversarios. No existe ninguna manera de conducir una protesta efectiva, incluso dentro de los márgenes más estrechos de la desobediencia civil pacífica, sin perturbar la normalidad social y sin molestar a los que se benefician del status quo. Al final de cuentas, tenemos que hacer a un lado el fetichismo de las instituciones (interesado o no) que nos regalan los críticos en sus columnas. La raíz última de la soberanía y de las facultades que las autoridades tienen, con fallas y todo, es el pueblo raso.

La resignación y la sumisión ante la injusticia no deben confundirse con la paz social. Los trabajadores pobres de México no desean la violencia. La aborrecen tanto o más como los que se dan golpes políticos de pecho cada tres cuartos de hora. Los pobres están desarmados. Pero tienen una alta determinación a persistir en su lucha. Y hay ocasiones en que la terquedad es virtud política. La gente se prepara para una pelea tan prolongada como la impongan los adversarios. Cívica y pacífica de este lado, bajo ominosa amenaza de represión de aquel lado, es decir, pelea al fin.

López Obrador ha dicho que — como Juárez — está dispuesto a llegar tan lejos como la gente que lo apoya quiera llegar. Esta gente está hablando con toda claridad, con acciones y a un alto costo personal: quieren defender su voto hasta hacerlo valer o hasta el final amargo. Ellos ven a las instituciones políticas como instrumentos u obstáculos a sus intereses. Igual que los ricos y privilegiados. Y si los ricos y privilegiados no respetan las instituciones políticas que tan bien les han servido, ¿por qué las ha de honrar y obedecer el trabajador pobre que nunca ha recibido de ellas nada de valor? Este no es un llamado a la violencia a quienes no tienen medios para ser violentos. Es un llamado a su desobediencia, a su resistencia seria y terca dentro de los límites pacíficos, no violentos acordados por el movimiento.

¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!

Democracy or institutional fetishism?

August 9, 2006

The daily newspaper Reform counts among its columnists the smartest critics of the movement for democracy led by Andrés Manuel López Obrador: Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda, Enrique Krauze, Sergio Sarmiento, and Andrés Oppenheimer (who also writes for the Miami Herald). Each of them has his particular take, but they all share some commonalities worth discussing here.

Rather frequently, these critics admonish the movement as if they were deeply and personally concerned about the fate of the left in Mexico, as if the raison d’être of the left — namely, the unity, organization, self-education, and progress of Mexico’s working people — had been betrayed by López Obrador’s radicalism and it were their mission to show him and all leftists the correct way to advance their cause. They often decry the absence of a “modern left”, more intelligent and reasonable.

I think somebody should disabuse them (and their gullible readers) of such presumption. Judging them by their personal, professional, and — in at least one case — political trajectories, there’s nothing in them that reveals a genuine current interest in the unity, organization, enlightenment, and progress of Mexico’s working people. Nothing! If anything, the opposite can be shown. So, their lives stand in stark contrast with López Obrador’s. Flaws and all, AMLO has devoted his adult life to helping the working poor. He’s been an activist and organizer since he was in his twenties. And once in power, as Mexico City’s mayor, he has persuaded a large number of poor workers, with deeds, that he is on their side. So, no, they are no López Obrador.

The critics question López Obrador’s democratic credentials, because — instead of abiding by the rules of Mexico’s political game — he has refuse to give them the benefit of the doubt. He has been most skeptical of the most important rule — that which governs the transfer of public power. This, the critics believe, proves that López Obrador is “duplicituous” and has an “instrumentalist” view of political institutions (and people), where they are to be taken seriously only to the extent his own personal interest can be advanced through them and discarded otherwise (see today’s column by Castañeda in Reforma).

But, let’s be clear here: Who in Mexico doesn’t have an instrumentalist view of the political institutions? Who believes that Mexico’s political institutions are ends in themselves? The rich? The political parties? The media? The columnists of the newspaper Reforma? The Catholic hierarchy? Can I stop laughing now? Here’s a fact: Political institutions — in fact, all social organizations — are instruments for the people who make them up. People, real people with real interests and needs, use their political institutions, their social organizations, etc. to negotiate their interests, to accomplish their goals — individual and collective.

Political institutions and social organizations come and go. The fundamental needs and the economic interests of people tend to have more permanence. Clearly, reasonable people prefer social organizations that can withstand and settle conflicts. Dissolving them, disobeying their rules, or overthrowing them forcefully has a hight cost, so these measures are usually viewed as a last resort. Yet, not infrequently political organizations and social organizations fail miserably, and people have to tolerate them begrudgingly, reform them, or build altogether new ones. That happens in Mexico and everywhere else.

If we limit ourselves to the narrowest definition of democracy (say, as defined by legally-free vote), Mexico has a long history of political failure. Now, if we only look at the surface of political life and believe the Reforma columnists (or the New York Times for that matter), Mexico has experienced steady democratic progress in the last 8-10 years. After all, the seemingly eternal PRI was evicted from the federal executive power and replaced by the PAN, peacefully. Yes, that happened.

However, if we look down to the underlying social and economic fabric and take — say — a 20-23 year retrospective, what we observe is the stagnation if not continuous deterioration of the living and working conditions of a very large portion of the Mexican population. There are all sorts of disturbing symptoms: unemployment, informal employment, emigration, broken families, crime in all its manifestations, drug use, drug abuse, drug traffic, mafia wars, homeless children, demoralization, health crisis, urban and environmental decay, a guerrilla insurgency, a long series of labor and local or regional political conflicts.

Recent poverty statistics have given us a hint of the size of the disaster: 50 million Mexicans live in poverty (in a country where a few have fabulous world-class wealth)! And here I ask: how many among Reforma’s columnists would like to live with, say, 25 or 30 dollars a day — five times Mexico’s poverty-line income? Point is, actual poverty afflicts a lot of people who are not officially poor. And what use do Mexico’s political institutions have for all these people? And in this light, what confidence or assurance do the critics believe Mexico’s majority feel towards their country’s “democratic” institutions?

Here’s a clue: An overwhelming majority of Mexicans have strong reasons to feel utterly and completely disenfranchised, alienated from, and angry at their country’s political institutions. Why? Because these political institutions have failed them. They have not stopped — in fact, they have accelerated — the horrendous decline in these people’s lives and livelihoods. Therefore, the “democratic” character of these institutions is to be proved, not assumed. (Remember: “demokratia” from the Greek “demos” or regular people and “kratos” rule or governance; democracy is the rule of, by, and for the regular people.)

They distrust the institutions of “democracy” for understandable reasons. So, the only way these people can begin to be incorporated into Mexico’s institutional political life is not by asking them to believe in the IFE and TRIFE a priori, regardless of outcome. They won’t believe in them a priori. They need to see results first. They need palpable evidence that their collective will is respected and that they can advance their interests by negotiating them through these political institutions. Otherwise, why bother?

The critics of the democratic movement place the cart way ahead of the horse, only to complain that the cart is not pulling the horse. If over half Mexico’s population is excluded, historically marginalized from institutional politics, is there any mystery that a politician who appears committed to promote the interests of the working poor is skeptical about the honesty, cleanliness, and equity of the political institutions? Isn’t it clear that if López Obrador showed even the slightest measure of blind confidence in these political institutions, the working poor would desert him and deem him an idiot? And for good reason.

It is most remarkable (something the critics tend to ignore) that López Obrador has done a great deal of heavy lifting in helping the working poor insert themselves in Mexico’s institutional political process. Yes, it’s been with a large measure of doubt and skepticism. But, again, that is understandable and justified. The fact is that he has persuaded a significant number of poor working people (not only, but that is clearly his main constituency) to seek an improvement in their social condition by civic, peaceful means.

He has persuaded them that it is worth the shot. And he has outlined an economic plan that, mixing fiscal pennypinching with well targeted public and social investment, could reasonably lead — some of us believe — to a gradual improvement in their social condition, barely at the expense of the rich as a class, although certainly at the expense of a few fat fiscal parasites. However, the dirty war — from the “desafuero” to the campaign in the media in which the critics in Reforma are taking part to the recent IFE and TRIFE fiascoes — has pushed things in the opposite direction.

There is no way around this: Fundamental economic and social changes are required before Mexico sees stable political institutions. For the working poor to feel included in the political process and trust the country’s political institutions, they need to win first. Yes, win first. And win, not only in the sense of voting a president or a congress sympathetic to their plight, but in the sense of having a government in whose conduction they effectively participate and whose policies and outcomes advance their interest.

In the long run — and even in the short run — it is unlikely that a leader more acquiescent to the traps of institutional politics would be better for Mexico’s political viability. The pundits lean towards the comforting belief that López Obrador, or a group of resentful old leftist who have not digested the lessons of history, are driving the tactical choices made by the movement. To repeat myself, distrust and alienation are the default mode of Mexico’s working poor, and a large number of them have vested themselves in López Obrador’s candidacy. And these people’s natural inclination is to lash out at a political system that refuses to do them justice. And for good reason! The least these people can expect from a political movement is the courage to fight deceit and abuse.

The source of Mexico’s historical gridlock is not the radicalism (real or imagined) or the political cunning of López Obrador. It is the country’s social inequality. The opportunity for the political system to begin to incorporate the working poor in the political process and gain long-term viability is about to be wasted by the powers that be. There’s still a chance though. But nothing short of a full recount will do.

At this point, if López Obrador wants to remain a champion of the working poor and the enlightened middle classes, he’s going to have to show a steely resolve. As he suggested it in one of his recent speeches, there’s no tactical free ride. Whatever the movement does will entail a political cost. There is no way to conduct an effective protest, even within the confines of peaceful, non-violent civil disobedience, without disrupting normal social life. Ultimately, regardless of the fetishism of political institutions, the ultimate source of sovereignty, flawed and all, is the people.

Resignation and submission to injustice is not to be confused with social peace. The working poor don’t want violence. They are disarmed. But they are also determined. And there are times when political stubbornness is a political virtue. Let’s get ready for a long fight. Civic and peaceful on our side, but let it be a real fight. López Obrador has said that, like Juárez, he’s willing to go as far as the people who placed him where he is want to go. Those people are speaking clearly with deeds and at a high personal cost. They want to defend their vote until their vote counts or until the bitter end. They view political institutions as either instruments of or obstacles to their interest. And so do the rich and the privileged. And if the rich and privileged don’t respect the political institutions that have served them so well, why should the working poor — who have got nothing of value from them — honor them and submit to them? This is not a call to violence to people who don’t have means or disposition to wage violence. It is a call to seriously and stubbornly disobey and resist the imposition within the peaceful, non-violent limits agreed on by the movement.

Vote by vote! Polling place by polling place!

From the CEPR

August 9, 2006

An analysis of the recounted ballots also shows a number of anomalies. For example:

* Most of the difference between the recounted and the original totals is due to 116 ballot boxes that lost an average of 63 percent of their votes during the recount. These were largely ballot boxes that contained more than the proscribed limit of 750 votes.

* Not all of the ballot boxes that had more than 750 votes were re-opened. The ones that were opened had a significantly higher percentage of votes for Lopez Obrador than the ones that were not opened. This raises the possibility that the recount gave Lopez Obrador a net loss of votes because of the way in which these “over voted” ballot boxes, which lost most of their votes during the recount, were selected to be opened.

* The majority of the null votes (17,129 or about 2 percent of the total votes) in the recounted ballot boxes were removed in the recount. The IFE did not explain whether any of these null votes became valid votes in the recount. If so, this is potentially important because the total number of null votes in the presidential race is more than three times the margin of difference between the two top candidates.

The authors note that it is possible that these and other anomalies found in the recounted data, described in the paper, have reasonable explanations. However, what is most difficult to explain is the lack of transparency in the process and the inordinate amount of time that the IFE has taken to publicize information – still very incomplete – on the recount that has taken place.

“It is unfortunate that the Federal Electoral Tribunal made a decision about which ballot boxes to recount before the results of this first partial recount were explained to the public,” said Weisbrot. “Furthermore, if this new recount is not conducted very differently than the last one, it is difficult to see how it will be of much use in obtaining a credible result.”

Full document:

http://www.cepr.net/publications/mexico_recount_2006_08.pdf

El TRIFE valida el fraude

August 5, 2006

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Unánimemente, el tribunal federal electoral del poder ejecutivo de la federación, el TRIFE, decidió rechazar la demanda de la Coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de recontar los votos, uno por uno, casilla por casilla. Esgrimiendo un argumento mezquino, casuístico y leguleyo, de que la Coalición no demostró la existencia de irregularidades sino en la mitad de los distritos y, en ellos, sólo en unas 11,800 casillas (de un total de unas 134,500), el TRIFE rechazó el recuento completo.

Aunque la sentencia del TRIFE no es sorpresa para quienes saben alguito de la historia del poder judicial en México, no deja de ser decepcionante para — entre otros muchos — los trabajadores pobres de México (es decir, la mitad de los mexicanos), una parte significativa de los cuales decidió buscar un mejoramiento en su condición social dentro de los parámetros estipulados por López Obrador, a saber, primero, el voto y, ahora, la defensa del voto mediante la desobediencia civil pacífica, no violenta.

Como recordatorio de las fuerzas volcánicas que se agitan en el subsuelo social de México, podríamos aludir al conflicto reciente en Oaxaca, en donde los maestros estuvieron enzarzados en una prolongada batalla por mejores salarios y un mayor presupuesto educativo con un gobierno estatal cada vez más represivo y respaldado por el gobierno federal. O podríamos mencionar que, en el sureste de México, en Chiapas, hace 12 años, un grupo de indígenas abandonó toda esperanza en que la vía cívica y pacífica para resolver su desventaja social les haría justicia. Organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lanzaron una insurrección armada.

Aunque su lucha armada ha sido suspendida, sus demandas no han sido satisfechas ni han ellos abandonado sus armas o su militancia. El PAN, con Vicente Fox, prometió resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, pero eso quedó como una más de las muchas promesas que el PAN y Fox incumplieron.

Aunque los ricos en México, y algunos en la clase media con ilusiones, desearían que los trabajadores pobres desaparecieran de la palestra política y sólo se presentaran a trabajar en las muchas tareas que hacen que las cosas marchen, esa gente no va a desaparecer. De hecho, sin un cambio en la política económica en la dirección delineada por López Obrador, es muy difícil imaginarse una reversión seria en la tendencia hacia una mayor desigualdad e injusticia sociales en México. Por consiguiente, las condiciones que generan el descontento social en México van a persistir y, más probablemente, a crecer incluso. Esto en un momento en que la economía de Estados Unidos puede entrar en un período turbulento y los demagogos en el congreso estadounidense van a hacer más difícil la emigración de trabajadores mexicanos.

El TRIFE ha demostrado ceguera y sordera, insensibilidad total, al clamor de los trabajadores pobres de México. ¡Que con su pan (o PAN) se lo coma! Con tecnicismos legales, le ha proporcionado una cobertura al fraude. En una nota anterior en este blog, yo expresaba mi inquietud de que el TRIFE fuera incapaz o no quisiera unir los puntos: las irregularidades mostradas por la Coalición eran sólo una muestra que justificaba abrir toda la paquetería electoral — como la punta de un témpano de hielo flotando en el océano. El argumento principal no podía ser técnico. En el contexto de México, las víctimas del fraude electoral, López Obrador y (sobre todo) los que lo apoyaron con sus votos, tenían que ser atendidos como las víctimas de una violación política. El TRIFE no podía poner toda la carga de la prueba en la víctima. El argumento tenía que ser político y de sentido común puro y simple:

Dada la historia reciente y remota de México, una historia de fraude y engaño político, y dada la breve distancia que — según el cuestionado árbitro electoral, el IFE — existía en el conteo de los principales candidatos (una diferencia de 0.5%), un “número pequeño” de irregularidades — ya sea en los distritos y casillas en donde la Coalición tuvo la suerte de detectarlas o en lugares en donde no — debería haber sido suficiente para poner en duda todo el proceso. Era la responsabilidad de este alto tribunal el limpiar la elección a los ojos del público.

La forma en que millones de mexicanos van a leer el veredicto del TRIFE es la siguiente: el establecimiento político — sus instituciones políticas formales y sus poderes fácticos (la cúpula dizque empresarial, los medios, la iglesia católica, etc., que tienen una influencia desmedida en la política y las políticas mexicanas) — ha hablado a través del TRIFE. En lugar de convencer al público de que la elección fue limpia, en lugar de conquistar la confianza de un pueblo justificadamente alienado y suspicaz ante el poder público, el TRIFE como vocero del establecimiento político dijo que no les importa la confianza o la credibilidad públicas.

No van a admitir un recuento (algo sabrán que no quieren que sepamos) y, más bien, van a imponer su candidato. Están dispuestos a pagar el alto precio de tener un presidente ilegítimo: el descrédito público y — con alta probabilidad — el descontento y la insubordinación públicos. Y dado que la gente que participa en el movimiento por la democracia no se va a rajar hasta que logre hacer que se respete su voluntad colectiva, entonces el estado va a tener que recurrir a la fuerza. Ese es el mensaje ominoso. El TRIFE, sus magistrados, quieren ser recordados como los alcahuetes de un presidente espurio y represivo.

La gente que está defendiendo la democracia en la Ciudad de México está por hablar. Al anochecer, la Asamblea Permanente se reunirá en El Zócalo y tomará una decisión sobre la respuesta adecuada a la validación del fraude electoral por el TRIFE. Tengo información de que los campamentos siguen creciendo, que hay más entusiasmo y determinación que en los primeros días — y que hay una mejor organización. Es muy probable que la Asamblea apriete en sus métodos de lucha. Sólo les puedo desear lo mejor en la lucha que está por delante. (Atento recado a los comentaristas en los medios: No es López Obrador quien se saca de la manga estas decisiones tácticas. Él sólo está escuchando bien lo que su base principal de apoyo, la población trabajadora pobre, “los de abajo”, está clamando.)

Desde esta bitácora, si me lo permiten, quiero insistir en la necesidad de que el movimiento se mantenga unido y crezca incluso a partir de donde está. La gente debe decir lo que siente y piensa sobre la mejor manera de conducir este movimiento, sobre su estrategia y sus métodos. Debe haber respeto pleno a las diferencias en puntos de vista. Pero debe haber también unidad en la acción. Unidad, unidad, unidad. Va a ser una lucha larga, pero es por el Bien de Todos.