¿Democracia o fetichismo institucional?

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El diario Reforma cuenta entre sus columnistas a algunos de los críticos más listos del movimiento por la democracia encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda, Enrique Krauze, Sergio Sarmiento y — en cierta medida — a Andrés Oppenheimer (también del Miami Herald). Cada uno de ellos tiene su enfoque particular, pero comparten todos algunos rasgos comunes que vale discutir aquí.

Con frecuencia, estos críticos se asignan la tarea de regañar al movimiento, como si estuvieran profunda y personalmente preocupados por la suerte de la izquierda en Mexico. Como si la razón de ser de la izquierda — a saber, la unidad, organización, autoeducación y progreso de la población de trabajadora de México — estuviera siendo traicionada por el radicalismo de López Obrador y como si su misión de columnistas fuera mostrarle a AMLO y a todos los miembros de la izquierda la forma correcta de conducirse. Con frecuencia lamentan la ausencia de una “izquierda moderna”, más inteligente y razonable.

Yo creo que alguien debería sacarlos (a ellos y a sus lectores crédulos) de tal pretensión. A juzgar por su trayectoria personal, profesional y — por lo menos en un caso — política, no hay nada en ellos que revele un interés actual genuino en la unidad, organización, ilustración y progreso de la población trabajadora de México. ¡Absolutamente nada! Más bien se podría demostrar lo contrario. Por ello, sus vidas contrastan fuertemente con la de López Obrador. Con fallas y todo, AMLO ha puesto su vida adulta al servicio de los trabajadores pobres de México. Desde muy jóven ha sido un activista y organizador. Y una vez en el poder, como cabeza de gobierno en el Distrito Federal, ha logrado convencer a un gran número de trabajadores pobres (entre otras muchas personas), con hechos, que está de su lado. Por eso, ciertamente estos críticos no son ni tienen nada que ver con López Obrador.

Estos críticos cuestionan las credenciales democráticas de López Obrador, porque — en lugar de atenerse sumisamente a las reglas del juego político en México — se ha rehusado a darles el beneficio de la duda. Sobre todo, ha sido muy escéptico de las instituciones políticas clave, las que regulan la transferencia del poder público. Su consigna, como la Santo Tomás, ha sido: “Hasta no ver, no creer”. Esto, los críticos creen, demuestra la duplicidad política de López Obrador, su visión “instrumentalista” de las instituciones políticas (y de la gente, a quienes toma como “tontos útiles”), que han de ser tomadas en serio sólo cuando así conviene a su interés personal y descartadas de otro modo (véase la columna de Castañeda en el Reforma de hoy).

Pero, seámos claros aquí: ¿Quién en México no tiene una visión instrumentalista de las instituciones políticas? ¿Quién cree que las instituciones políticas son fines en sí mismos? ¿Los ricos? ¿Las organizaciones dizque empresariales? ¿Los partidos políticos? ¿Los medios? ¿Los columnistas de Reforma? ¿La jerarquía católica? ¿Me puedo dejar de reír ya? La verdad es que las instituciones políticas — de hecho, todas las organizaciones sociales — son instrumentos para la gente que las constituye. La gente, gente real con intereses y necesidades reales y no siempre mutuamente compatibles, utiliza sus instituciones políticas, sus organizaciones sociales, etc. para negociar sus intereses, para conseguir sus objetivos — individuales y colectivos.

Las instituciones políticas y las organizaciones sociales van y vienen. Las necesidades fundamentales y los intereses económicos de la gente tienen mayor permanencia. Es claro que la gente razonable prefiere organizaciones sociales capaces de capotear y resolver conflictos. Su disolución, la desobediencia a sus reglas o su derrocamiento forzoso tienen un alto costo, por eso esas medidas se ven siempre como un recurso de última instancia. Con todo, no es infrecuente que las instituciones políticas y sociales fracasen miserablemente, y que la gente las tenga que tolerar a regañadientes, reformarlas o construir otras nuevas. Esto ocurre en México y todos lados.

Si nos limitamos a una definición estrecha de la democracia (digamos, definida por el voto legalmente libre), México tiene una larga historia de fracaso político. Ahora bien, si sólo miramos la superficia política y le creemos a estos columnistas (o al propio New York Times), México ha experimentado un firme progreso democrático en los últimos 8 ó 10 años. Después de todo, el aparentemente eterno PRI fue desalojado del poder ejecutivo federal y reemplazado por el PAN, pacíficamente. En efecto, eso ocurrió.

Sin embargo, si vemos el tejido social y económico subyacente y adoptamos una retrospectiva de — digamos — 20 a 23 años, lo que observamos es el estancamiento, si no es que el deterioro continuo de las condiciones de vida y de trabajo de una parte muy grande de la población mexicana. Hay toda suerte de síntomas perturbadores: desempleo, empleo informal, emigración, familias rotas, crimen duro y en todas sus manifestaciones, uso y abuso de las drogas, narcotráfico, guerras entre mafias, desamparo infantil, desmoralización, crisis de la salud, decadencia urbana y ambiental, una insurgencia guerrillera y una larga serie de conflictos laborales y políticos locales y regionales.

Las estadísticas recientes de pobreza nos permiten avizorar las dimensiones de un aspecto trágico del desastre social: ¡50 millones de mexicanos viven en la pobreza (en un país en que unos pocos tienen riquezas fabulosas que compiten con las de los ricos del mundo rico)! Y aquí yo pregunto: ¿A cuántos de los columnistas de Reforma les gustaría vivir con, digamos, 25 o 30 dólares al día, es decir, cinco veces el ingreso de la línea de la pobreza en México? La verdad es que la pobreza real aflige a mucha gente que no es oficialmente pobre, pero que de todos modos carece de oportunidades básicas. ¿Y qué uso han tenido y tienen para todas estas personas las instituciones políticas de México? Y, en este mismo contexto, ¿qué confianza o seguridad creen los críticos que esta mayoría de los mexicanos siente hacia las instituciones “democráticas” del país?

Les voy a dar una pista: La mayoría abrumadora de los mexicanos tiene razones muy fuertes, razones personales incluso, para sentirse total y completamente ajena, distante y enojada con las instituciones políticas del país. ¿Por qué? Porque estas instituciones políticas les han fallado. No sólo no han detenido, sino que en algunos casos han acelerado la horrenda caída de las condiciones en que viven y se ganan la vida. Por consiguiente, por lo menos para esta mayoría, el carácter “democrático” de estas instituciones no se puede presuponer, tiene que ser demostrado. (Recuérdese que democracia viene del griego “demokratia”, en donde “demos” significa el pueblo común y “kratos” gobierno; la democracia es el gobierno de, para y por el pueblo común.)

Ellos desconfían de las instituciones “democráticas” por razones comprensibles. Por ello, la única forma en que toda esta gente va a comenzar a incorporarse a la vida política institucional de México es, no pidiéndole que crean a priori en el IFE y en el TRIFE, al margen del resultado. Ellos no van a creer en estas instituciones a priori. Ellos necesitan primero ver resultados tangibles. Necesitan evidencia palpable de que su voluntad colectiva va a ser respetada y que pueden hacer avanzar sus intereses negociándolos a través de dichas instituciones políticas. De otro modo, ¿para qué tomarse la molestia?

Los críticos del movimiento democrático colocan la carreta muy adelante del caballo sólo para quejarse de que la carreta no consigue jalar al caballo. Si más de la mitad de la población mexicana está económicamente excluida e históricamente marginada de las instituciones políticas, ¿hay algún misterio en el hecho de que un líder que parece seriamente comprometido en promover los intereses de los trabajadores pobres se muestre escéptico hacia la honestidad, aseo y equidad de las instituciones políticas? ¿No es claro que si López Obrador mostrara una brisna de confianza ciega en estas instituciones políticas los trabajadores pobres le darían la espalda y lo tacharían de tonto? Y con buena razón.

Lo más extraordinario (algo que los críticos tienden a ignorar) es que López Obrador haya realizado mucho del trabajo pesado para ayudar a los trabajadores pobres de México a insertarse en el proceso político institucional. Sí, ha sido con una gran dosis de duda y escepticismo, pero enteramente justificada. El hecho es que ha logrado persuadir a un número significativo de trabajadores pobres (y, repito, no sólo a ellos, aunque son ellos sin duda su base principal de apoyo) de buscar un mejoramiento en su condición socioeconómica por la vía cívica, pacífica.

Los ha persuadido de que, aunque los dados del juego político están cargados por la desigualdad social existente, vale la pena intentarlo. Y ha delineado un plan económico que, mezclando la austeridad fiscal con inversiones públicas y sociales debidamente dirigidas, podría razonablemente conducir (así lo creemos algunos) a un mejoramiento gradual en la condición social de esta gente, difícilmente a expensas de la clase rica tomada en su conjunto, aunque ciertamente destetando a unos cuentos parásitos del fisco. Sin embargo, la guerra sucia — desde el desafuero hasta los fiascos recientes del IFE y el TRIFE, pasando por la campaña en los medios acusándolo de ser un “peligro para México” — han empujado las cosas en la dirección opuesta.

No hay vuelta de hoja: Se requieren cambios económicos y sociales fundamentales antes de que México pueda gozar de instituciones políticas estables. Para que la población trabajadora pobre se sienta incluida en el proceso político y comience a confiar en las instituciones políticas del país, necesita ganar primero. Sí, así es, ganar primero. Y ganar, no sólo en el sentido de poner en la presidencia o en el congreso a políticos que simpaticen con su causa, sino en el sentido de tener un gobierno en cuya conducción ellos participen efectivamente y cuyas políticas se traduzcan en avances concretos en sus intereses.

A largo plazo — e incluso a corto plazo — es improbable que un líder social más obsecuente con las trampas de la política institucional sea mejor para la viabilidad política de México. Los comentaristas en la prensa se reclinan en la creencia cómoda de que López Obrador, o algún grupo de viejos izquierdistas resentidos e incapaces de digerir las lecciones de la historia mundial, son los que determinan las opciones tácticas supuestamente radicales del movimiento por la democracia. Repito, la desconfianza y la enajenación son la condición política natural de los trabajadores pobres de México, y — a pesar de las campañas desatadas en su contra — un número grande de ellos han depositado sus esperanzas en la candidatura de López Obrador. Y la disposición natural de esta gente es a rechazar el sistema político que se rehusa a hacerles justicia. Y por buenas razones. Lo menos que pueden esperar de un movimiento político es coraje para defenderse del abuso y del engaño.

El origen del candado histórico que traba al sistema político mexicano no es el radicalismo (real o imaginado) o la astucia política de López Obrador. Es la pavorosa desigualdad social del país. Con la sentencia del TRIFE de conceder unas gotitas de transparencia democrática al amparo de tecnicismos leguleyos, los poderes establecidos están a punto de desperdiciar la oportunidad para que el sistema político comience a destrabarse, incorpore a los trabajadores pobres en el proceso político y gane viabilidad a largo plazo. Aunque la oportunidad está por cerrarse, todavía queda tiempo. Pero nada que no sea el recuento total de los votos del 2 de julio va a funcionar.

En este momento, si López Obrador quiere mantenerse como un paladín creíble de los trabajadores pobres y de las clases medias ilustradas, va a tener que seguir demostrando la misma disposición férrea que le ha merecido ya la cólera de sus adversarios. Como él mismo lo sugirió en uno de sus discursos recientes, no hay nada gratuito en la selección de medidas tácticas. Cualesquiera sean los métodos políticos utilizados por el movimiento, estos van a tener un costo y van a ser satanizados por los adversarios. No existe ninguna manera de conducir una protesta efectiva, incluso dentro de los márgenes más estrechos de la desobediencia civil pacífica, sin perturbar la normalidad social y sin molestar a los que se benefician del status quo. Al final de cuentas, tenemos que hacer a un lado el fetichismo de las instituciones (interesado o no) que nos regalan los críticos en sus columnas. La raíz última de la soberanía y de las facultades que las autoridades tienen, con fallas y todo, es el pueblo raso.

La resignación y la sumisión ante la injusticia no deben confundirse con la paz social. Los trabajadores pobres de México no desean la violencia. La aborrecen tanto o más como los que se dan golpes políticos de pecho cada tres cuartos de hora. Los pobres están desarmados. Pero tienen una alta determinación a persistir en su lucha. Y hay ocasiones en que la terquedad es virtud política. La gente se prepara para una pelea tan prolongada como la impongan los adversarios. Cívica y pacífica de este lado, bajo ominosa amenaza de represión de aquel lado, es decir, pelea al fin.

López Obrador ha dicho que — como Juárez — está dispuesto a llegar tan lejos como la gente que lo apoya quiera llegar. Esta gente está hablando con toda claridad, con acciones y a un alto costo personal: quieren defender su voto hasta hacerlo valer o hasta el final amargo. Ellos ven a las instituciones políticas como instrumentos u obstáculos a sus intereses. Igual que los ricos y privilegiados. Y si los ricos y privilegiados no respetan las instituciones políticas que tan bien les han servido, ¿por qué las ha de honrar y obedecer el trabajador pobre que nunca ha recibido de ellas nada de valor? Este no es un llamado a la violencia a quienes no tienen medios para ser violentos. Es un llamado a su desobediencia, a su resistencia seria y terca dentro de los límites pacíficos, no violentos acordados por el movimiento.

¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!

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